24/2/17

Crece el consumo de leche ecológica: no hay vacas para tanto hípster

"Unos lo atribuyen a la influencia de algún famoso que marca tendencia. Otros, a la necesidad de ofrecer un producto diferenciado en tiempos de crisis. Hay quien opina que todo es consecuencia de la creciente concienciación de los perjuicios de determinado tipo de alimentación

Por las razones que sean, los alimentos ecológicos experimentan de un tiempo a esta parte un crecimiento como nunca se había visto. Tanto, que la demanda desborda a la oferta en productos como la leche ecológica, hasta provocar un auténtico desabastecimiento que los productores se muestran incapaces de enmendar.

No hay suficientes cartones o botellas de leche ecológica en las estanterías de las grandes superficies, tampoco se encuentra en Amazon, y las pequeñas tiendas especializadas tienen lista de espera. Y la razón de este desajuste tiene que ver con el periodo de tiempo que debe transcurrir desde que un ganadero decide sumarse a la producción ecológica hasta que esa botella llega a la estantería con el sello que la distingue como bio.

“No ocurre con otros alimentos, pero sí con los lácteos”, precisa Javier García, secretario del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia (Craega). Desde que se activa la solicitud de un ganadero hasta que esa leche se puede comercializar como ecológica, pasan dos años, y como muchos de ellos han realizado la solicitud entre finales de 2015 y mediados del año pasado, todavía no se han incorporado al mercado.

No es solo una cuestión de tiempo, “también lo es de calidad y control”, expone García. Se necesita un certificado de bienestar animal, las reses no pueden estar en establos, tienen que vivir en praderas, hay controles periódicos y no se admiten más de dos vacas por hectárea. Hay un control estricto del suelo y del uso de herbicidas. Pero, sobre todo, están los plazos.

 La Unión Europea establece un periodo de seis meses para la certificación de los animales y de dos años para la adaptación productiva de las tierras, y solo pasado ese tiempo está la explotación en condiciones de aportar el producto para el envasado, que también debe observar las normas establecidas en el reglamento de la Unión Europea de producción y etiquetado.

La estructura minifundista de Galicia —comunidad que aporta más del 60% de la leche ecológica que llega al mercado— no favorece la incorporación de explotaciones a este tipo de productos. “Si tienes 200 o 300 cabezas de ganado, necesitas 100 o 150 hectáreas, y eso en Galicia es muchísimo”, reconoce el representante del consejo regulador. Y sin embargo, la demanda tira con fuerza de la oferta, aunque no tanto como para satisfacer ya las necesidades del mercado.

En Craega tienen un censo activo de una treintena de ganaderos dedicados a la leche o derivados inscritos en el consejo, que es el organismo que en Galicia certifica a las explotaciones acogidas a este tipo de productos. Pero entre finales de 2015 y todo 2016, se han sumado un centenar más que están a la espera de superar los plazos que les permitan exhibir ese DNI ecológico. Será, por tanto, a partir de mediados de 2017 cuando la oferta empiece a equilibrarse paulatinamente con la demanda, un objetivo que aún tardará más de un año en alcanzarse.

Todos esos nuevos productores deberán observar prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente, normas sobre bienestar animal, mantener elevados niveles de biodiversidad y descartar productos químicos de síntesis, todo ello para llevar al mercado alimentos saludables y de calidad.

Muchos de los nuevos productores han llegado hasta la leche ecológica desde la crisis, buscando nuevos modelos que permitiesen darle valor añadido a un producto con los precios por los suelos. Solo en Galicia, la producción de leche ecológica y derivados sumó en 2015 una facturación de 9,5 millones de euros. 

Pero, sobre todo, se trasladan a esa nueva rama del negocio porque el consumidor lo demanda. “Antes era una cosa de un público de perfil digamos ecologista: personas concienciadas con problemas como el maltrato animal, por ejemplo, o también directamente vegetarianos. 

Pero ahora hay una generalización absoluta entre los consumidores”, reconoce Montserrat Escutia, secretaria de la Asociación Vida Sana, dedicada a promover la agricultura biológica y la alimentación saludable “como base para una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente”.

“Ahora es distinto. Es algo más que una moda, es una nueva forma de consumir totalmente justificada”, opina Escutia. De acuerdo con los datos del consejo regulador, el perfil del consumidor tipo es una familia de tres miembros, por lo general una pareja de entre 30 y 45 años con un hijo. 

La creciente desconfianza provocada por las alertas sanitarias de los últimos años ha contribuido de forma notable a esta revolución de lo ecológico. “Cada vez se dan más los hábitos saludables en la alimentación, tenemos esa creciente preocupación por los hábitos saludables”.

La Asociación Vida Sana considera que esta tendencia del mercado es “una oportunidad”. “No solo para afrontar la crisis del sector primario, consiguiendo un producto que asegura un mejor precio para el productor, sino también para cambiar a un modelo que ponga en primer plano la necesidad de garantizar el bienestar animal”.

La crisis, en efecto, ha arrastrado a muchas explotaciones a abandonar los métodos tradicionales para adaptarse a la normativa europea y certificar sus productos como ecológicos. Un ejemplo es el de Casa Grande de Xanceda, una empresa familiar gallega que estuvo al borde de la quiebra y ahora luce premios por la calidad de sus lácteos y derivados. 

Fue una reinvención total que le permitió esquivar la amenaza de cierre. Para ello, colaboró con la Universidad de Santiago, que contribuyó a la creación de un yogur que utiliza el doble de leche para lograr una cremosidad totalmente natural. También Innolact, una 'spin-off' de la misma universidad, inscribió sus productos experimentados en el Aula de Productos Lácteos en el registro de Craega.

Pero Innolact o Casa Grande de Xanceda son pequeñas excepciones en un sector dominado por un par de grandes industrias transformadoras que copan el mercado. La multinacional Lactalis fue la primera, al empezar a recoger y envasar la leche ecológica gallega hace ya 15 años.

 En los últimos tiempos, se han incorporado al mercado nuevos actores como Leche Celta, y ahora empiezan a irrumpir los pequeños productores con iniciativas de tamaño reducido. La superación de la oferta sobre la demanda en tiempos tan competitivos es todo un aliciente para sumar vacas a esta emergente modalidad de consumo."                    (El Confidencial, 22/01/17)

23/2/17

Así se gestaron las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de las cajas gallegas

"Con José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas ya en prisión, la responsabilidad penal del escándalo de las indemnizaciones millonarias de los ex-directivos de Novacaixagalicia parece resuelta.

 La sentencia de la Audiencia Nacional y el auto que los envía a prisión deja claro el "impacto macroeconómico" y la "gravedad" del delito que estos dirigentes cometieron en plena crisis y con las cajas en quiebra. 

Nada de lo que hicieron, sin embargo, pudo haberse llevado a cabo sin la aquiescencia de los representantes políticos y de importantes colectivos que en el consejo de Novacaixagalicia, entidad resultante de la fusión, siguieron la costumbre instaurada durante años en Caixa Galicia y Caixanova: mirar hacia otro lado y dejar hacer. 

El mismo día en el que la caja única echó a andar, el 1 de diciembre de 2010, el consejo de administración aprueba validar los contratos de alta dirección, origen de las fraudulentas indemnizaciones posteriores. Sin dato alguno, todos los presentes votan a favor. Todos excepto uno, el representante de la plantilla José Luis Regueiro, que justificaba su negativa al "desconocer lo que realmente se está sometiendo a votación".

¿Qué se aprobó? Se validaron los contratos con todas las cláusulas que se habían acordado en Caixanova a favor de Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán y se le permite disfrutar de las mismas condiciones contractuales a García de Paredes, llegado desde Caixa Galicia. 

 Regueiro, miembro de CCOO pero en representación del plantel, reclamó en varias ocasiones información en detalle sobre estos contratos pero nunca se le dio, argumentando que eran privados. Además, y tal y como declaró ante la Audiencia Nacional, la ratificación de las condiciones no figuraba en el orden del día. Con todo, sólo él votó en contra de seguir adelante.

Ya jubilado, un compañero sindical suyo en aquel tiempo y con experiencia en los consejos de las antiguas cajas recuerda lo sucedido: "No es que estuviese totalmente solo y no secundado, sino que el resto consideraban su voto negativo como una locura; las cosas funcionaban así". "Se opuso desde un principio por el oscurantismo y falta de información que rodeaba el proceso", recuerda otro miembro de CCOO. Pero fue el único.

Lo que se acababa de validar en aquel diciembre de hace seis años era el origen de lo que luego saltaría a las portadas en forma de escándalo. Siete meses antes, después de que Caixanova y Caixa Galicia hubiesen acordado la fusión impulsada por Feijóo y tras reclamar más de 1.000 millones de euros al FROB, Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada "acordaron mejorar sus contratos de alta dirección", como relataba la Fiscalía en su querella. 

En octubre, poco antes de que se confirme la fusión, reciben sus nuevos contratos con importantes mejoras: las pagas variables por resultados pasan a ser fijas y se introducen en la renta vitalicia total y se incluyen las cláusulas que blindan las pensiones por jubilación. García de Paredes se acogerá a estas mismas condiciones.

En agosto de 2011, el consejo de Novacaixagalicia desvela algún detalle -sin dar cifras- sobre lo que se había cocido con anterioridad, sobre lo acordado anteriormente en Caixanova y ratificado allí mismo. 

Al debatir la provisión de fondos que habría que llevar a cabo para hacer frente a los polémicos contratos -pero también sin dar cantidades-, el representante del Ayuntamiento de Pontevedra y miembro del BNG, José Luis Veiga, así como el de Csica, Miguel Argones, se unen a Regueiro en el voto negativo. A pesar de solicitarla, no se aporta información sobre las compensaciones a los directivos. El resto del consejo votó a favor de este punto del orden del día y volvió a mirar hacia otro lado.

"Estómagos agradecidos"

"No era que los directivos fueran intocables, sino que además hacían ver que lo eran; ya en las cajas, en las asambleas y en los consejos, todo estaba dirigido y manipulado", cuenta un representante de entonces, que recuerda como algún dirigente político les recriminaba no haber denunciado antes esa situación.

"Y claro que lo hacíamos, llevábamos años haciéndolo pero nunca nos habían escuchado", insiste quien carga contra "representantes políticos de todos los colores y estómagos agradecidos". "Había asambleas en las que, en el momento de criticar algo, poco menos que el resto nos tiraba de la chaqueta para que nos sentásemos", insiste.

Tan sólo semanas después de aquel consejo de agosto, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes van abandonando Novacaixagalicia y llenando los bolsillos con las indemnizaciones pactadas. Más de 18 millones de euros. 

A finales de septiembre, el consejero Regueiro vuelve a intervenir reclamando información sobre las cantidades abonadas a los altos directivos tras su marcha. "Son temas privados", recibe como respuesta, según detalla CCOO, que recriminaba a otros miembros del órgano de gobierno de la entidad que "se escandalizasen de lo que ellos mismos habían aprobado".

Pero, ¿quién votaba a favor de todo aquello? En el consejo se sentaban 22 personas, once por cada caja, con sus respectivas retribuciones y dietas. Fernández Gayoso era el presidente de la entidad, cargo que compartía con Mauro Varela, copresidente. En la vicepresidencia, Salvador Fernández Moreda (PSOE), Guillermo Alonso Jáudenes, el empresario Alfonso Paz Andrade, Alfonso Zulueta de Haz y Gonzalo Ortiz, director de la Cámara de Comercio de A Coruña. La vicesecretaria era Pilar Cibrán, nombrada consejera de Caixanova por el Concello de O Porriño.

Además, como consejeros figuraban el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, José Luis Veiga Lage -nombrado por el Ayuntamiento de Pontevedra-, Ángeles Marra (senadora entonces por el PSOE), Miguel Argones, José Luis Regueiro, Federico Martinón, José Taboada López, Juan Ramón Iglesias, la concejala socialista en A Coruña Mar Barcón, José Hervella, Cipriano Elías (alcalde de Riello), el empresario Edelmiro M. Añón, Javier Francisco Caínzos (ex-alcalde de Curtis por el PP) yEnrique Porteiro.

A quien recuerda y formaba parte de aquellas asambleas de las antiguas cajas no le extraña que poco cambiase en el efímero consejo de administración de Novacaixagalicia. "Al final, durante años, aquello para la mayoría eran fiestas, la gente aplaudía, se saludaba, tomaba los pinchos y esperaba el regalo que les tenían preparado", comenta ahora un representante sindical. 

En el órgano de dirección de la caja fusionada se volvió a mirar hacia otro lado y se votó mayoritariamente a favor de unas indemnizaciones de las que nada se sabía hasta que explotó el escándalo. Era demasiado tarde."                 ( , eldiario.es, 18/01/2017)

22/2/17

Fragas de Catasós: donde el pueblo ha vencido a FENOSA

"Conseguimos salvar las Fragas de Catasós contra el mastodonte de Fenosa, los poderes fácticos y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que aceptaba el proyecto. Es un orgullo". Miguel Diéguez, abogado del Ayuntamiento de Lalín en la batalla judicial contra la eléctrica, resumía así el proceso que esta semana acabó con la denegación por parte de la justicia de la licencia que la compañía tenía para construir una línea de alta tensión en un valorado bosque y que amenazaba miles de árboles autóctonos, la mayoría de ellos castaños y muchos centenarios.

Después de más de dos años de batalla social liderada por la plataforma Salvemos Catasós -y algún tiempo más de pelea burocrática por parte de los afectados-, la justicia acaba de darles la razón en un conflicto de los que raras veces acaban girando hacia ese lado.

 "Hay unos grandes vencedores que son el pueblo de Lalín, la plataforma y el Ayuntamiento, y unos grandes perdedores: los poderes fácticos, en este caso Fenosa, y la inacción de gobiernos anteriores", aseguró el alcalde Rafael Cuiña al dar a conocer la "buena noticia". Una noticia que ha llegado, además, cuando menos esperanzas había entre la sociedad civil de esta localidad del interior de Pontevedra. 

Poco antes de Navidad, varios vecinos recibieron cartas de expropiación forzosa de los terrenos afectados con los detalles del importe a recibir. "Aquello nos pareció el momento que nos condenaba al desastre, en el que todo acababa y en el que, una vez más, los grandes y poderosos ganaban a pesar de las evidencias y pruebas documentales de que todo el proceso había sido erróneo", resume Celso Fernández, portavoz de la plataforma, que reconoce así su "satisfacción pero también sorpresa" por la sentencia.

 Tanto es así que la acción pacífica en la que propietarios de los bosques y miembros del colectivo abrazaban los árboles en diciembre pareció ya más una despedida que un acto de esperanza. Todo mientras esperaban por la resolución de la Xunta para la declaración de la zona como Espacio Natural de Interés Local (ENIL), lo que parecía "el mecanismo más efectivo para paralizar la obra".

Mes y medio más tarde, ha llegado la sentencia en la que la magistrada desmonta los argumentos de Gas Natural Fenosa y asegura que el Ayuntamiento "no sólo no puede sino que no debe autorizar la ejecución de las obras".

 Una paralización que llegó con la licencia en poder de la eléctrica, una DIA de la Xunta que daba el visto bueno y el favor del anterior gobierno municipal, del PP, que gobernó en el municipio con amplia mayoría hasta que una coalición liderada por el ex-popular Cuiña,  hijo del ex-conselleiro de Fraga, acabó con su hegemonía

. "Lo fácil para el nuevo ejecutivo habría sido dejar hacer y otorgar el permiso", advierte Diéguez. Pero no fue así. La compañía, ante el silencio de la administración local, pidió ejecutar las obras pero el Ayuntamiento se negó. La empresa recurrió esta negativa y el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra acaba de desestimar el recurso en un dictamen recurrible ante el Superior gallego.

"La situación era muy compleja jurídicamente, pero cuando la gente que tiene razón lucha y trabaja saca réditos", insiste el letrado Diéguez, que destacó lo "muchísimo" que sirvió tanto el trabajo como las pruebas e informes que la plataforma y la ciudadanía fueron aportando: el del Consello da Cultura Galega (CCG), el del Valedor do Pobo o los del catedrático en Botánica de la Universidad de Santiago, Javier Guitián. 

Todos coincidían en señalar los defectos en la evaluación de la afectación real que las obras suponían, lo que llevó a la magistrada a sentenciar que "unidos todos ellos [los documentos] en la contestación municipal a la demanda, es posible inferir serísimas dudas sobre el verdadero impacto que las obras van a tener no sólo en el medio ambiente sino a nivel paisajístico". Además, incidió en el hecho de que la legislación medioambiental debe estar por encima de la urbanística.

Un bosque único

La actuación prevista preveía cortar hasta 2.000 árboles. La línea de alta tensión afectaba a una parte de una zona compuesta por especies autóctonas: robles, además de varios tipos de castaños, uno de ellos de más de 30 metros de altura. 

Además, las especies presentes en las 4,5 hectáreas registran una de las mayores tasas de crecimiento de toda Europa. El Decreto 76/2000 de la Xunta declaró la Fraga "Monumento Natural" por sus "características botánicas de gran importancia, singularidad y belleza" y el Decreto 67/2007 del Gobierno gallego creó el Catálogo gallego de árboles singulares y la incluyó como "formación singular".

 Pero ni eso ni la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni otras figuras de protección lograron detener la autorización de mayo de 2014 de la Consellería de Economía para que una línea de alta tensión (el proyecto sectorial de incidente supramunicipal LAT 132 kV O Irixo-Lalín) pasase por esa zona. Tampoco sirvió la constancia de que buena parte de Los Pazos de Ulloa fuese escrita por Emilia Pardo Bazán paseando por este lugar.

Con todos estos antecedentes, en la DIA aprobada por la Xunta ni se recoge la existencia de especies autóctonas, tal y como luego advirtió el CCG. Aun así, el anterior gobierno municipal del PP lo obvió.

 "Fue una dejadez total; si llegamos aquí fue porque los técnicos del anterior ejecutivo avalaron el proceso sabiendo que estaba mal hecho; desde el ejecutivo nos acusaron de politizar la plataforma y de tener interés electoral", relata Celso Fernández, que vivió la lucha en la plataforma desde el inicio.

Contempló también como Fenosa rechazaba las alternativas que se le presentaban u ofrecía otras que no convencían. "Propuso sobrevolar las Fragas con torres más altas, pero saben que bajo un tendido eléctrico no se permite vegetación por muy alto que las subiesen; ofrecían algo que no se podía cumplir", recuerda. 

Al tiempo, expertos propusieron desvíos de la red por otras zonas o el soterramiento de la línea, como ocurre en las áreas que coinciden con el Camino de Santiago. "Algunas se estudiaron, pero nunca las quisieron porque ya tenían un proyecto y porque otras opciones eran más caras", añade.

Desde el Ayuntamiento se advirtió de la necesidad de unas medidas de prevención y no de recuperación, ya que los expertos cifraban entre 50 y 100 años el plazo para recuperar la zona. Además, se insistió en la unidad paisajística de todo el entorno, algo que tuvo en cuenta la jueza que, según el abogado Diéguez, "desmonta punto por punto" las argumentaciones de Fenosa.

Aunque recurrible, nadie piensa que a la eléctrica se le ocurra a hora intentar de nuevo la construcción de la línea. "¿Cómo defenderá Fenosa seguir adelante con el mismo proyecto con una sentencia que le advierte de todos los daños medioambientales?

 ¿Cómo va a defender esto ante la ciudadanía?", se pregunta Diéguez, convencido de que "buscará alternativas" tras un dictamen que "paró también la DIA y los procedimientos de expropiación". "Salvamos las Fragas de Catasós", insisten todos los implicados. En primera persona del plural."            (

21/2/17

Como conseguiu sobrevivir durante tres días á deriva o mariñeiro galego do Senefand 1?

 Fernando Argibay, xefe de máquinas do Senefand 1, afundido fronte as costas do Senegal. EP

"Tras un afundimento "en 5 minutos", quedou con dous mariñeiros sobre a quilla e animounos a nadar "como fora", pero só el chegou á balsa. A última bengala que lanzaron foi a que lles salvou a vida.

Á súa chegada desde Senegal a Galicia, o mariñeiro moañés agradeceu o apoio recibido por parte da armadora viguesa, Profand, as autoridades e as empresas que "deixaron os seus barcos" para buscalos despois do afundimento do Senefand 1, sucedido o pasado 8 de febreiro, á vez que pediu "intimidade" para el e para a súa familia.

Visiblemente emocionado, lembrou aos seus compañeiros aínda desaparecidos, especialmente ao patrón do buque, o galego Vicente Pazos, "unha das perdas que lamentamos", dixo.

O xefe de máquinas viu por última vez ao outro galego embarcado no Senefand 1 pouco antes de que o barco dera a volta, dentro da ponte de mando. "Achegueime ao cristal, mirei para dentro e vin a Vicente alí, e griteille 'Vicente, Vicente!', pero el mirou para o min e quedou queto", apuntou.

Durante os días que os sobreviventes permaneceron á deriva, tres, o galego perdeu "a esperanza" de atopar ao patrón, que cre que permanecía dentro da ponte de mando ao afundirse o buque. "Se o atopasen, que alegría, pero non. Era máis probable que atopasen ao engrasador e ao outro mariñeiro e tampouco os atopamos", lamentou.

EXCESO DE PESO

O relato do xefe de máquinas arrinca sobre as 21,00 horas do 8 de marzo, cando o Senefand 1 zozobrou tras subir a carga. "Vimos que o saco viña cargado, víase ben", lembrou Fernando Argibay, "para o barco que eramos nós había moita cantidade".

O exceso de peso, unido a que a rambla do barco estaba desprazada cara a estribor provocou a zozobra. "Démonos conta enseguida", ratificou o xefe de máquinas, que baixou entón ao corredor "a ver que pasaba".

"Vin vir ao cociñeiro e ao primeiro oficial, que me dixeron que había moita auga no parque de pesca", contou Argibay, que constatou a entrada de auga e que esta entrando "pola porta de popa". "Chamei ao engrasador e díxenlle 'vámonos xa'", xa que o barco "estaba zozobrando cada vez máis".

Naquel momento, o xefe de máquinas tivo que manterse á boia agarrándose "ao marco da porta" e nunha situación case horizontal, momento no que viu e chamou por última vez ao patrón Vicente Pazos.

"Tívenme que agarrar á varanda, de alí subín ao casco, á quilla de balance e á quilla, porque o barco xa se deu a volta", lembrou Fernando Argibay, que permaneceu neste punto, xunto ao engrasador e outro mariñeiro, ao redor de media hora.

NADANDO ATA AS BALSAS

Outros sete compañeiros, desde a auga, despregaran e uniran xa as balsas salvavidas e tentaron achegarse ao barco envorcado para recollelos. Con todo, "coa corrente que había era imposible".

"O barco empezou a afundirse e díxenlle ao engrasador 'hai que tirarse e nadar, hai que dar o todo polo todo e chegar ás balsas como sexa'", apuntou o sobrevivente, que subliñou que o engrasador era o único do tres que se atopaban sobre a quilla que tiña chaleco salvavidas, dado que cando empezou o naufraxio atopábase durmindo. "Eles tiráronse, eu aguantei un pouco máis e tireime, e nese momento o barco afundiuse", lembrou o xefe de máquinas.

Aínda que o tres quedaron á boia, só Fernando Argibay puido chegar ata a balsa salvavidas cos seus compañeiros. Desde a balsa, aínda puido falar co engrasador e o outro mariñeiro, ata que, finalmente, "perdeuse a súa voz". "Chamamos por el e non contestou, e de aí en diante andamos á deriva tres días ata que veu un barco e nos rescatou", indicou o xefe de máquinas. Tanto o patrón como os dous mariñeiros senegaleses permanecen aínda desaparecidos.

AS ÚLTIMAS BENGALAS

Durante o tres días que os sobreviventes pasaron á deriva, ata que foron rescatados na madrugada do domingo, estiveron "a lanzar bengalas aos mercantes que pasaban". "Tiñamos víveres, pero bengalas lanzámolas case todas, as últimas foron as que nos salvaron a vida", dixo.

Fernando Argibay dixo que non ten "nin idea" de por que a radiobaliza non se activou, aínda que "puido quedar enganchada na rede".

Desde a subida da carga ata o afundimento, o sobrevivente calcula que pasou unha media hora, aínda que o barco afundiuse por completo "en cinco minutos".

Fernando Argibay confesou sentirse "fisicamente ben", aínda que "moralmente decaído" e "algo canso". Sobre o seu futuro, aínda o deixa aberto á espera de recuperarse do susto: "Vou pensarme moito o volver ao mar".             (Galicia Confidencial, 14/02/17)

17/2/17

La plaga de polillas que devora los cultivos de patata. La Xunta ha sido incapaz de frenar su avance por tierras gallegas

"La polilla guatemalteca (Tecia solanivora), un insecto muy destructivo que penetra en las patatas y las carcome por completo, amenaza una de las más valiosas joyas de la agricultura y gastronomía gallegas. 

El bicho fue identificado por primera vez en Neda (A Coruña) a finales de 2015 y en este tiempo la Xunta ha sido incapaz de frenar su avance por tierras gallegas. La plaga, que supone un peligro para el sector pero no un riesgo para la salud de los consumidores, ha devastado ya cosechas para autoconsumo en 31 ayuntamientos del norte de A Coruña y Lugo y se ha adentrado en siete concejos de Asturias. 

Las grandes plantaciones con denominación protegida de A Limia (Ourense) y Bergantiños (A Coruña) esperan, a salvo de momento, a que el Ministerio de Agricultura apruebe un decreto con medidas más contundentes que impidan el desastre, entre ellas la drástica prohibición de este cultivo en los municipios afectados.



Fue el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña) el que descubrió en 2015 la presencia de la polilla guatemalteca en Neda. Este gusano es originario de Centroamérica y hasta entonces en España solo había sido localizado en Canarias, por lo que, aunque sin evidencias, los científicos sospechan que el insecto llegó en barco a la costa de A Coruña y Lugo. 

En los Ayuntamientos limítrofes de Neda, Ferrol y Narón se dieron cursos y charlas a los productores, se prohibió trasladar tubérculos procedentes de estas zonas, se destruyeron 6.800 kilos de patatas infectadas y en las huertas se colocaron trampas con feromonas sexuales para atraer y capturar las polillas al vuelo. Pero nada de aquello frenó su expansión.

“No es que la gente de las zonas afectadas no actuara bien, yo creo que se expandió por personas ajenas al sector que ignoraban el problema. Aquí en Galicia todo el mundo tiene sus patatas”, apunta Ángel Alvariño (PSOE), alcalde de Neda, quien critica que el decreto que prepara el Gobierno para atajar el avance de la polilla llegará “muy tarde”. 

El hecho de que la plaga afecte hasta ahora solo a plantaciones familiares de autoconsumo y pequeños agricultores que venden sus productos en ferias y plazas de abasto ha evitado que el golpe económico se mida en grandes cifras, pero, en la cara amarga de la moneda, también complica la eficacia de las cuarentenas y controles.

“No podemos asegurar que las medidas de estos años no hayan funcionado porque a lo mejor [la plaga] ya estaba extendida cuando se impulsaron; se tardó cierto tiempo en aclarar qué tipo de polilla era”, abunda el presidente de Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia, Julio Gómez, quien hace un llamamiento a la “responsabilidad” de los pequeños productores para que la polilla guatemalteca no llegue a A Limia y Bergantiños. 

Gómez, que encabeza una agrupación de 67 agricultores que producen seis millones de toneladas al año, confía en que Agricultura apruebe en 15 días, como les ha prometido la Xunta, un decreto que prohibirá plantar patatas en los ayuntamientos afectados. 

Está convencido de que si se cumple esta medida, el problema se erradicará en un par de años, pero se confiesa preocupado por la posibilidad de que la plaga se extienda a través de los camiones que entren en estas zonas para suministrar las patatas que allí no se podrán cultivar.

El Ministerio de Agricultura aún no ha decidido si introducirá controles en el transporte de patatas a las zonas sacudidas por la plaga. El decreto, explican desde este departamento, se encuentra aún en periodo de consultas y estará listo “en estas próximas semanas”, sin más concreción.

 La norma prohibirá el movimiento de patata infectada, la siembra del tubérculo en las zonas donde se detecte la polilla y una “fuerte vigilancia” que permita detectar su presencia en otras áreas para “controlar su dispersión”. “Esta plaga solo afecta a la patata: si no hay patata, la polilla muere”, subrayan desde el Ministerio."             (El País, 11/02/17)


La Consellería de Medio Rural insiste en que son zonas donde el tubérculo se cultiva básicamente para autoconsumo y que su objetivo es precisamente «evitar que chegue ás áreas que comercializan patacas e que, polo tanto, teña repercusións económicas, e en especial a aquelas que están protexidas pola indicación xeográfica protexida (IXP) Pataca de Galicia».


Ante el riesgo de expansión y con la amenaza de un posible veto a la exportación en el horizonte, el Ministerio de Agricultura ha entregado a la Xunta y al Gobierno del Principado el borrador del decreto de medidas para combatirla. Y eso con la idea de consultar a ambas comunidades antes de su aprobación definitiva, que parece inminente.


Desde el Ejecutivo gallego remarcan que es el Gobierno central quien «leva as rendas do asunto», por afectar la plaga a dos comunidades. Así se puso de relieve en una reciente reunión sectorial de coordinación con Galicia y Asturias. Pero mientras en el Principado tienen ya clara la zona afectada (siete municipios, tres de ellos en cuarentena), en Galicia la lista definitiva de concellos infestados no se ha cerrado aún. «Estase ultimando e farase de xeito inmediato», apuntó ayer Medio Rural.

 Es un dato relevante, toda vez que el decreto contempla la prohibición de cultivar patata en los municipios infestados. No es una decisión firme, pero en Asturias se da por hecho que se aplicará.


Ante la incertidumbre del alcance del decreto ministerial, la consellería desveló que el lunes tiene previsto informar a alcaldes de concellos afectados y que el miércoles la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, se reúna con responsables de la IXP Pataca de Galicia.


Medio Rural apuntó ayer que desde que en el 2015 se detectó la presencia de la polilla se han tomado medidas como acotar zonas, instalar trampas (900, que cazaron cerca de 12.500 insectos), aplicando métodos fitosanitarios y destruyendo varios lotes de patatas, que se pagaron a 30 céntimos el kilo. 

«O problema non é grave, é gravísimo»


Entre os produtores dos concellos afectados hai moitas dúbidas e incertezas. Deles, Eugenio García foi probablemente o máis importante de Ribadeo e un dos da Mariña lucense. Xa xubilado, chegou a producir uns 200.000 quilos do tubérculo. Este ano di que aínda non comprou a semente. 

E non sabe se plantará. Engade que as medidas de prevención para loitar contra a praga xa se tiñan que ter tomado en canto se detectou, no 2015. Porque, denuncia, o problema non é grave, senón que «é gravísimo». Engade Eugenio García que sabe de xente «de Burela, do Valadouro, que o ano pasado tivo que tirar toda a colleita. Ese bicho métese dentro, podre a pataca e hai que tirala». 


Sobre a prohibición de plantar patacas como medida de prevención adoptada en Asturias, o produtor da Mariña lucense considera que no Principado se fixo, pero que antes recolleron as patacas afectadas, pagáronas e incineráronas. «Aquí o que se dicía era que había que facer un furado, tapalas, botar unha capa de cal enriba e botarlle terra. Iso se tes poucas patacas vale, pero se tes miles de quilos, que fas?», se pregunta. 


Na súa opinión, a Xunta xa debería ter prohibido o cultivo nas zonas afectadas o ano pasado, porque «isto é como unha enfermidade, canto antes se ataque mellor». Ademais, engade, «din que acabar con este bicho é moi difícil. Se van tomar medidas, dende logo canto antes o fagan e antes nolo expliquen a todos moito mellor». 


Eugenio lamenta as consecuencias da incerteza sobre o que vai facer a Xunta: «É a primeira vez na vida que non teño a semente comprada a estas alturas do ano. Normalmente a encargamos en decembro, pero agora estamos a velas vir». O negocio das patacas lévao agora a súa muller.

«Non vexo máis saída que deixar de producir»


Parar la producción de patata durante dos años le acarreará notables pérdidas, pero Leticia Iglesias, agricultora ecológica de Neda -donde se detectó el principal foco de Tecia solanivora de la comarca- defiende la medida. 


«Non vexo máis saída que deixar de producir. Para min a pataca representa moitos cartos, pero se me limitas a vendela en Ferrolterra, como agora, aínda me prexudicas máis», explica. A su explotación no ha llegado la polilla guatemalteca, pero lleva tiempo sin poder abastecer a sus clientes de fuera de la comarca con los tubérculos de su huerta (compra patatas en otras zonas para poder atenderlos). 

Leticia aboga por paralizar los cultivos «para poder erradicar a praga e despois retomar as liñas de venta» habituales. En su entorno es prácticamente la única agricultora que planta patatas para su comercialización, ya que sus vecinos lo hacen para autoconsumo.

 De ahí su temor a que la prohibición del cultivo durante dos años resulte efectiva. «É moi difícil controlar que a xente non teña a súa colleita [...]. Este ano xa está todo plantado; a min se me din que teño que arrincalo, malia a inversión, fareino, pero a xente maior, non sei...», alerta la agricultora.

«Hay que tomar medidas, y rápido, para atajar el problema» 


Por el momento la plaga se mantiene alejada de las grandes zonas de producción de patata gallega. Así lo subraya el presidente del Consello Regulador de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia, con sede en Xinzo. Según Julio Gómez Fernández, «se trata de un problema muy focalizado en zonas concretas y de momento no parece que haya riesgo de que pueda extenderse a las áreas de gran producción, como A Limia. Pero habrá que tomar medidas, y rápido, para atajar el problema». 


Adelanta que, con esa objetivo, se celebrará el próximo miércoles una reunión entre representantes del sector patatero y responsables de la Consellería de Medio Rural. En ella se abordará la aplicación en Galicia de las directrices de la inminente orden del Ministerio de Agricultura sobre la Tecia solanivora, que podría suponer la prohibición de plantar en las zonas afectadas. 


La producción de patata en A Limia, con una media de más de 110 millones de kilos al año, supone una quinta parte del total que se recolecta en Galicia. La noticia sobre la plaga de la polilla guatemalteca en A Mariña y Ferrolterra ha sido acogida con incredulidad, pero con calma entre los productores antelanos.


«Non ouvín falar desa praga. Dende logo aquí na Limia non temos constancia de que exista ou de que poida chegar», afirma Daniel Joga, un agricultor de la zona. De ahí que asegure no estar preocupado por la polilla. «Aquí temos normalmente as pragas habituais, como o mildiu. Hai anos que a incidencia e máis forte e outras veces non é tan importante», subraya."       (La Voz, 03/02/17)

"A crise da pataca deriva nunha crise política.

 A crise da pataca, que afecta a numerosos concellos do norte de Galicia, está derivando nunha guerra política tras a orde da Xunta de que sexan os concellos os que controlen os posibles brotes da praga da couza guatemalteca e se incauten dos exemplares afectados.

O alcalde, Fernando Suárez criticou duramente esta orde. “Son medidas sen consensuar nada, ao contrario do que está a facer o Principado de Asturias cos seus Concellos afectados da outra banda da ría de Ribadeo”, denuncia.

“ Sorprende que hoxe o Diario Oficial de Galicia publica unha resolución de ampliación das medidas urxentes onde delegan nos Concellos a vixilancia e a incautación, se é o caso das patacas. É dicir que impidamos desde os Concellos a circulación da pataca a través dos mercados locais. Parecen medidas moi coercitivas, que cando teñen que tomar medidas coercitivas delegan nos Concellos”, denuncia.

De feito, criticou que hai moitos concellos pequenos sen Policía Local que non van ser quen de controlar a situación das súas patacas.  Así, pide da xunta unha actuación global para facerlle fronte e a posta en marcha dun plan estratéxico en todo o país.

Tanto concellos como gandeiros afectados denuncian que a Xunta está actuando “e non toma medidas de prohibición efectiva porque agarda a que as tome o Ministerio de Agricultura”.  “E claro como para o Ministerio o das patacas non é un asunto de Estado como pode ser o aceite en Andalucía ou as laranxas no Levante, pois tómano con moita calma”, denuncia o rexedor de Ribadeo."        (Galicia confidencial, 15/02/17)

15/2/17

O goberno de Rajoy veta a lei galega para devolver todos os cartos estafados coas preferentes

"A historia da AP-9 repítese. Apenas catro meses despois de, estando aínda en funcións, manobrar para impedir que se chegase a debater no Congreso dos Deputados a lei aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia para transferir á Xunta as competencias sobre a Autoestrada do Atlántico, o Goberno de España reproduce a operación e veta outra lei votada por todos os grupos da Cámara galega.

 Desta volta a prexudicada é a norma que, impulsada inicialmente polo BNG e aprobada definitivamente polo todo o pleno do Parlamento en marzo de 2014, pretendía que todas as persoas enganadas coas participacións preferentes e produtos financeiros semellantes puidesen recuperar "integramente" os seus cartos. A razón que esgrime o Executivo de Mariano Rajoy é que aplicala prexudicaría as cifras do déficit do Estado.

Os argumentos do veto vén de rexistralos no Congreso a asesoría parlamentaria do ministro de Economía, Luis de Guindos. Nun informe de tres páxinas a cuxo contido tivo acceso Praza.gal o propio Ministerio admite que a lei galega -apoiada por PP, PSdeG, AGE e o propio Bloque, que a propuxera- revertería o "proceso de xestión de híbridos" realizado polo Goberno de España durante o ano 2013 a través do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB).

 Mediante ese proceso, resume, as persoas ás que colocaran produtos financeiros como preferentes ou subordinadas "canxearon os seus títulos por capital e débeda" e "sufriron recortes no seu investimento orixinal", isto é, a coñecida popularmente como "quita das preferentes", que comezou prevendo que parte da clientela afectada perdese ata case a metade dos seus cartos.

Se "non se realizase este exercicio", explica o informe, o FROB "tería que facer unha inxección adicional de recursos públicos" duns 13.600 millóns de euros, dos que 9.760 correspondería a "investidores retallistas", isto é, a pequenos clientes a quen lle foron colocados produtos complexos, os mesmos que protagonizaron sonoras protestas para esixir que Novagalicia Banco devolvese os cartos das preferentes das desaparecidas Caixanova e Caixa Galicia.

 Estas persoas, admite o propio informe, perderon entre o 20% e o 25% dos cartos tras acudiren a procedementos como a arbitraxe de consumo, por medio de sentenzas xudiciais ou a venda de accións polas que os bancos canxearon parte das preferentes.

Neste escenario, o Goberno central recoñece que se a lei galega chegase a aprobarse "tería efecto sobre ese 20%-25%". Isto é, as persoas estafadas recuperarían todo o perdido. Pero esa devolución "derivaría nun impacto nos recursos públicos" porque o Estado segue controlando BFA, isto é, a matriz de Bankia, e ademais activaríanse "garantías concedidas en desinvestimentos previos". Eses cartos sairía do orzamento do FROB, o mesmo sobre o que se cargaron operacións como o rescate de Novagalicia Banco, do que non se recuperaron uns 8.000 millóns de euros públicos.

Isto, advirte, "xeraría un aumento do déficit", polo que o Executivo español "non presta a súa conformidade" para a tramitación da lei. Faino amparándose no artigo 134.6 da Constitución, que permite ao Goberno bloquear calquera cambio nas leis que implique un incremento do gasto ou unha diminución de ingresos no erario.

Con esta operación o Ministerio de Economía oponse, a efectos prácticos, a engadir unha disposición adicional e dúas transitorias á lei de reestruturación do sector bancario do ano 2012, a que incorporou ao ordenamento xurídico estatal as condicións do rescate europeo do sector.  

Nese texto o Parlamento galego fixaba unha definición formal para distinguir persoas aforradoras e clientes retallistas, indicando que se considerarían "aforradores" as persoas que non contratasen previamente produtos financieros complexos ou que cando lles colocasen as preferentes coidasen que estaban a contratar unha conta de aforro ordinaria, así como á clientela que simplemente fose enganada. 

Ademais, a lei galega establecía que as persoas que se atopasen nesta situación non poderían ser vítimas dun desafiuzamento se non podían afrontar unha hipoteca contratada coa mesma entidade que as estafou.

Fica así suspendida unha lei que, non obstante, naceu marcada pola contradición no seo do PP. Non en van, o mesmo día en que a lei comezou a tramitarse no Parlamento de Galicia co apoio de todos os grupos o BNG defendeu unha iniciativa practicamente idéntica no Congreso dos Deputados. 

Mentres, no lexislativo galego, o PP defendía o texto como "un chanzo máis na procura dun fin compartido: que o 100% dos enganados recuperen o 100% dos seus aforros", en Madrid os populares rexeitaban a iniciativa que, acusaron, estaba inspirada por una intención da esquerda de "usar a dor" das persoas enganadas polos bancos."               (Praza Pública, 13/02/17)

14/2/17

Imputado todo o goberno do PP de Valga polo presunto cobro irregular de dietas

"O xulgado de primeira instancia de instrución número 1 de Caldas de Reis vén de citar a declarar en calidade de investigados a todos os concelleiros do PP no Concello de Valga, así como o seu alcalde -do mesmo partido- polos presuntos cobros irregulares procedentes das arcas municipais. 

Todo o equipo de goberno deste municipio está imputado por presuntos delitos de malversación e prevaricación derivados do cobro polas asistencias do rexedor e dos seus edís a unhas reunións semanais denominadas comisións de coordinación, unha peculiar figura instaurada nesta localidade desde hai máis de dúas décadas.

Na demanda, admitida a trámite o pasado verán, os denunciantes sinalan que estas comisións de coordinación véñense realizando dende o ano 1992, momento no que José María Bello Maneiro accedeu á alcaldía, na que continúa a día de hoxe. O PSdeG, único partido na oposición e quen denunciou estes feitos, advirte que os pagamentos recibidos polo rexedor e os concelleiros do grupo de Goberno pola asistencia a estas xuntanzas son mesmo superiores aos órganos colexiados regrados. 

Así, tal e como se pode comprobar na documentación municipal, os edís populares cobran 60 euros por cada vez que asisten a unha desas comisións de coordinación, a mesma cantidade que reciben os concelleiros  por acudir á xunta de goberno, 10 euros menos que pola asistencia ao pleno e 30 menos que pola presenza nas sesións informativas. 

Ademais, o PSdeG lembra que estas novidosas xuntanzas, que levan vixentes 25 anos en Valga, non están recollidas nin amparadas pola lei e a elas non asiste funcionario ningún do Concello, nin tan sequera o secretario. Segundo cálculos do grupo socialista, os presuntos cobros irregulares terían suposto preto de medio millón de euros ás arcas municipais desde 1992 e, na actualidade, supoñen 25.000 euros anuais nun municipio duns 6.000 habitantes. 

Segundo fontes coñecedoras do proceso xudicial, a información achegada polo interventor ao maxistrado nas dilixencias previas advertía dun gasto para o Concello de 215.000 euros no período entre 2003 e 2016, o que supón unha media de máis de 15.000 euros en cada exercicio e dun total, de estendelo a todo o período,duns 400.000 euros.  

Precisamente, na providencia que agora cita como investigados os concelleiros do PP, a xuíza solicita ao mesmo interventor e ao secretario municipal que acheguen tamén documentación "das persoas que viñeron recibido ingresos por asistir ás comisións de coordinación desde o ano 1992 até 2003, así como as cantidades percibidas por aquelas". 

A maxistrada reclama tamén que se acheguen ao xulgado "datos identificativos de quen era alcalde do Concello, secretario e interventor no momento de creación das comisións de coordinación investigadas". 

Hai xa anos que a oposición denunciou a existencia destas dubidosas comisións de coordinación en Valga, aínda que non foi até hai uns meses cando o PSdeG decidiu denunciar nun xulgado a situación. 

O grupo socialista destaca que o goberno local veu obstaculizando os intentos da oposición de fiscalizar estes cobros irregulares, denegándolle información sobre estes pagamentos ou sobre as actas das citadas xuntanzas. Algúns dos datos aos que si puideron acceder os concelleiros socialistas acreditan que o custo para o Concello da asistencia a estas xuntanzas só no primeiro trimestre de 2015 ascende a case 8.000 euros, tal e como destacaba na denuncia. 

Desde o PSdeG da localidade cualifican de "escandaloso" a existencia destes "sobresoldos para cargos do Partido Popular" no municipio, así como o elevado custo que iso tería suposto para as arcas municipais. 
As primeiras declaracións dos concelleiros do PP e máis do alcalde levaranse a cabo o vindeiro 29 de marzo, mentres que a segunda quenda terá lugar o 5 de abril, xornada na que tamén declararán como testemuñas o interventor e o secretario municipal."             (Praza Pública, 19/01/17)

13/2/17

Cinco días sin luz en Galicia tras el temporal

"Unión Fenosa Distribución agradece a sus clientes su comprensión ante la complicada situación tras el paso de temporales en Galicia". Con este mensaje en Twitter en la mañana del martes, la compañía daba por superada la crisis que en los últimos cinco días, y desde que había comenzado el temporal, dejó a unos 200.000 clientes sin servicio eléctrico en la comunidad en algún momento.

En la noche anterior, decía haber recuperado el servicio de todos los clientes gallegos. Pero no. María Jesús se levantó este martes sin luz otra vez en Trazo, pequeño municipio cercano a Santiago. Y son varios los ayuntamientos que denuncian la existencia todavía de núcleos sin suministro desde que el jueves comenzaran las inclemencias.

"Volvemos a estar sin luz. Llamé a averías y vuelven a decirme que no tienen previsión de cuándo podrán recuperarla y que ya tienen gente trabajando", dice esta vecina de Trazo. En la madrugada del jueves al viernes su casa se quedó sin suministro y así estuvo hasta el sábado por la noche. Más de 42 horas que dieron una tregua el domingo y el lunes. Hasta este martes.

A pocos kilómetros, un embalse; a lo lejos y visible, en la misma comarca, la central térmica de Meirama. Y en una pequeña carretera que va hacia Santiago, postes de suministro tirados en la cuneta todavía a día de hoy.

"Sientes indignación. Volvemos a estar como cuando mis padres eran pequeños, cuando no se tenía nada", explica María Jesús, que cuenta que la familia tuvo que comprar un generador para salvar la comida almacenada en varios congeladores. Las lluvias torrenciales, los fuertes vientos y las consecuencias en la red eléctrica coincidieron en muchas casas de Galicia con la matanza del cerdo y la carne recién almacenada en los arcones. 

"La salvamos, pero trabajo nos ha costado", explica María Jesús. En Ordes, Ayuntamiento limítrofe, ya no quedaban generadores cuando fueron a comprarlo. Lo consiguieron en Sigüeiro, unos kilómetros más alejado, después de esperar cola junto a varios vecinos más de la zona también afectados. "En las tiendas contaban cuánta gente había antes de despachar para saber si tenían aparatos para todos", dice.

Pagaron 600 euros por uno de los modelos más limitados -"no son nada baratos"- y todavía les queda echar cuentas de la gasolina gastada. Entre los vecinos, varios de ellos con grandes explotaciones ganaderas, muchos han recurrido a generadores alquilados o comprados mucho antes, en previsión. Porque en este Ayuntamiento no es extraño quedarse sin suministro eléctrico.

 "Pasa incluso cuando no hay temporal, hay días soleados en los que la luz se va sin saber por qué; basta con que el viento sople algo a la línea", dice esta vecina, que se ríe cuando se le pregunta qué mantenimiento se hace de las instalaciones en la zona o si operarios de Gas Natural Fenosa se han interesado por la situación. "Aquí, cero... ¡Pero si llevamos ya mucho tiempo esperando a que nos vengan a cambiar el contador!".

El temporal y los cortes de luz afectaron a buena parte del territorio gallego y las consecuencias se hacen peores en los zonas rurales y más alejadas de núcleos urbanos. Mientras el foco mediático recaía en los partidos de fútbol suspendidos en A Coruña y, sobre todo, en Vigo, una mujer ya había fallecido al caer por las escaleras tras acumular dos días sin luz en casa. 

Y otro hombre al golpearle un árbol. Este martes, otro resultó herido en Vilalba al intentar apartar un cable que había sido tirado por el viento. Además, el temporal ha causado importantes pérdidas en restaurantes, problemas en muchos inmuebles y riesgo para la salud de muchos enfermos obligados a conectarse a una máquina para respirar.

"En Madrid sería impensable; somos una colonia" 

Miles de incidencias y hasta medio millón de personas afectadas por la falta de suministro eléctrico en el país de los mil ríos, productor de energía, con incontables embalses y parques eólicos y donde no suele faltar ni la lluvia ni el viento.

Muchos alcaldes, también del PP, se han hartado. Rafael Cuiña, regidor de Lalín por Compromiso por Galicia, califica de "intolerable" lo sucedido y exige "sanciones" para Gas Natural Fenosa, empresa heredera de la antigua Fenosa (Fuerzas Eléctricas del Noroeste), fundada en Galicia en 1943, fusionada con Unión Eléctrica y posteriormente adquirida por Gas Natural. 

"No es normal esta infraestructura eléctrica en un país que produce. En Madrid sería impensable que tantas zonas llevasen tres días sin luz. Somos una colonia", expresó en las redes sociales en un discurso que es repetido constantemente por BNG o En Marea. Desde el área de Santiago, una de las más afectadas, varios regidores se han preguntado también qué ocurriría si fuese una ciudad la que soportase tantos días sin suministro eléctrico. 

Pero a fuerza de golpes, zonas del rural gallego se han acostumbrado a todo, incluso a considerar un privilegio que los daños no hubiesen sido los de otras veces. En Labrada, en el Ayuntamiento lucense de Abadín, el suministro eléctrico ha fallado en casa de Daniel desde las diez de la noche del viernes hasta el sábado por la mañana. Él, con más de 90 años, se resigna.

 "Aquí los daños no han sido muy importantes; el viento levantó una uralita de la cabaña y la luz se fue una noche y volvió al día siguiente; salvamos la comida de los congeladores", cuenta ante una hilera de aerogeneradores en el horizonte, tras advertir que su contrato eléctrico -como muchos en aquella zona- no es con Fenosa. 

"Ha afectado más a los de esa compañía, pero aquí las instalaciones están bien arreadas", aclara. En Ortigueira, en el norte de la comunidad, Dolores también le quita importancia: "Estuvimos una mañana sin luz y llevamos días con muy mala cobertura de móvil, pero ha sido peor en otras partes". 

En Trazo, mientras, María Jesús y su familia continúan sin electricidad. "Y al final, dependemos de ella para todo; tenemos cocina de leña y está conectada a la calefacción, pero si el pequeño motor instalado no funciona, no sirve de nada", explica quien destaca la paradoja de que el precio de la luz se incremente por la falta de lluvias pero el suministro se caiga cuando llueve a cántaros.

 Ya prepara la reclamación a Gas Natural Fenosa y espera que en la próxima factura se noten los descuentos por los perjuicios sufridos. "Y todavía tenemos que escuchar que las empresas incrementan los precios por falta de agua y viento", añade entre una risa irónica. "Es mejor tomárselo así, a cachondeo".

"Abren expediente para calmar los ánimos"

Ante esta situación, la Xunta ha abierto expediente informativo a Fenosa, un "procedimiento habitual" para evaluar si las compañías responden adecuadamente a las interrupciones del suministro. Desde la oposición se han reclamado "sanciones" por los cortes de luz y que el Gobierno actúe tal y "como le exigía" el PP al bipartito. 

Pero este martes, el Parlamento gallego ha rechazado con los votos del PP una petición de los tres grupos de izquierda -En Marea, PSdeG y BNG- para modificar el orden del día y que compareciese en el pleno de la Cámara el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que el fin de semana, en pleno temporal, acudió a actos del PP en Andalucía.

Antón Sánchez, diputado de En Marea, recordó las acusaciones de "incapaz y pasivo" que el PP le dedicó al gobierno bipartito después de cortes de suministro y tras pedir la comparecencia del entonces presidente Touriño. 

"Hoy muestra su verdadera cara", dice el parlamentario, que ha acusado al Gobierno de anunciar un expediente "para calmar los ánimos de la gente que tuvo que buscar la vida". "¿Y quién le abre expediente a la Xunta si lo que se descubre no es cuestión de cuatro días, sino que la Xunta no cumplió con su deber de vigilar que Fenosa mantuviese las líneas y utilizase los planes de inversión para hacer un correcto mantenimiento?", se preguntó.

El BNG ha lamentado que el PP "impida que el Gobierno comparezca en el Parlamento". La parlamentaria Olalla Rodil ha advertido que, después de cinco días, "todavía hay cinco casas en Guntín sin luz, una docena en Navia de Suarna y cortes de electricidad en viviendas de Lugo y A Estrada". También, por lo menos algunas casas, en Trazo. "Es tanta la indignación... Les diría a los señores de Fenosa si me dejan ir a su casa, estoy seguro de que allí sí tienen suministro", concluye María Jesús."               (eldiario.es, 07/02/17)

9/2/17

Portugal conxela até 2030 a plantación de eucalipto ao tempo que aposta en impulsar a repoboación de piñeiro bravo, sobreira e carballo

"O goberno portugués quer dar un paso á fronte perante a expansión do eucalipto, unha especie que nestas dúas décadas se situou como a primeira na superficie forestal lusa, ocupando o 26% da mesa e desbancando o piñeiro bravo. 

Embora a oposición de parte da industria e propietarios, o executivo de Portugal incluíu na súa reforma forestal unha lei para conxelar a plantación de eucalipto no país até 2030, segundo informa Público.pt.

8/2/17

As cinco adxudicacións da Deputación de Louzán á familia do seu vicepresidente

"Rafael Louzán segue a cobrar do erario público, como asesor do PP na Deputación de Pontevedra. Con todo, a principal ocupación do outrora todopoderoso ex-presidente provincial é ser presidente da Federación Galega de Fútbol

Aló ten como escudeiro a Gustavo Falque Comesaña, presidente do Coruxo Club de Fútbol (2º B) e vicepresidente primeiro da Federación.

Durante os mandatos de Louzán, a Deputación de Pontevedra adxudicou, polo menos, cinco contratos mediante o procedemento negociado sen publicidade a Limpiezas Cíes. Nesta empresa o irmán do vicepresidente da Federación, Manuel Falque Comesaña, figura como administradorde Limpiezas Cíes.

A Deputación adxudicou estes cinco contratos pedindo prezo unicamente a tres empresas. En todos os casos, para tramitar as adxudicacións, ademais de a Limpiezas Cíes, pediu tamén prezo a Multiserga SL. 

Multiserga SL está relacionada con Limpiezas Cíes a través de Maria Severina González Fernández, que foi administradora das dúas sociedades. Ademais,  o actual administrador de Multiserga, é Roberto Falque González, persoa que comparte o primeiro apelido co directivo de Limpiezas Cíes e o segundo coa ex-directiva de Multiserga.

En tres das catro adxudicacións, a terceira empresa á que a Deputación pediulle unha oferta é a mesma: Almi Limpiezas. 

Na cuarta adxudicación, a terceira empresa á que a Deputación pediulle prezo é Eiriña SL. Eiriña é o epicentro da Operación Patos, operación contra a corrupción pola que Louzán está imputado canda unha ducia de políticos por, precisamente, irregularidades en adxudicacións públicas. No caso do ex-presidente, ademais, a Xustiza cre que recibiu regalos de Eiriña a cambio dos favors. 
Cinco contratos sen concurso e invitando a presentar ofertas ás mesmas empresas
  • A primeira adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes é novembro de 2008. A Deputación pide prezo a Limpiezas Cíes, Almi e Multiserga, S.L. Sorprendentemente, Almi declina a invitación para presentar unha oferta. Multiserga retírase alegando que non pode asistir ao procedemento. Gaña Limiezas Amil por 47.400 euros.
  • A segunda adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes a Limpiezas Cíes foi en febreiro de 2009. A Presidencia da Deputación adxudicoulle a limpeza da sede de Vigo durante dous anos por 53.206 euros. Son só 580 euros menos que o importe máximo de licitación. Multiserga e Almi Limpiezas fixeron ofertas aínda maiores.
  • A terceira adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes foi en febreiro de 2010. A Presidencia pediu prezo a Limpiezas Cíes, Viguesa de Limpiezas Amil e Multiserga. Viguesa de  Amil e Multiserga foron excluídas por presentar mal a documentación. Gaña Limpiezas Cíes cunha oferta de 35.919 euros, 1.600 menos que o tope máximo.
  • A cuarta adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes foi en abril de 2011. A Presidencia da Deputación adxudicoulle a Limpiezas Cíes a limpeza e mantemento da sede de Vigo. Outra vez pediu tamén prezo a Multiserga e Almi Limpiezas, neste caso identificada como Viguesa de Limpiezas Almi. Gañou Limpiezas Cíes cunha oferta de 49.613, só 803 euros menos que o importe máximo posíbel.
  • A quinta adxudicación negociada sen publicidade  a Limpiezas Cíes foi en decembro de 2011. A presidencia da Deputación adxudicou a Limpiezas Cíes a limpieza da sede de Turismo Rías Baixas para 2012 por 50.000 euros. Pediulle prezo a Limpiezas Cíes, Multiserga e Eiriña. Gañou Limpiezas Cíes por unha estrepitosa goleada, logrou 90 puntos fronte a 59 de Multiserga e só 20 de Eiriña.
Adxudicacións legais pero que suscitan dúbidas

A vía negociada sen publicidade é un procedemento da Lei de Contratos polo que a Administración pode adxudicar contratos menores sen publicar as bases e abrir un concurso aberto. Chégalle con pedir prezo a determinadas empresas cualificadas, en principio un mínimo de tres. 
Os citados expedientes cumpren pois, a primeira vista, os requirimentos de legalidade. Con todo, os seus detalles deixan varias cuestións abertas.

Por exemplo, porque a Deputación, de entre todas as empresas de limpeza da provincia, sempre lle pide prezo Limpiezas Cíes e Multiserga, tendo en conta que, como é público no Rexistro Mercantil, son dúas empresas que están relacionadas pola súa directiva.  

Ou tamén porque nunha ocasión lle pediu prezo a Eiriña, cando o seu obxecto social son as obras, e non a limpeza. "                   (Galicia Confidencial, 01/02/17)

7/2/17

Paco Vázquez... quedó como de embajador del diecinueve


"Pocos políticos suelen acabar en el mismo lugar en el que comenzaron, excepto aquellos sin recorrido o los de trayectoria tan dilatada en el tiempo como reducida en el espacio, porque acaban echando raíces en el sillón. 

Pero en ese club selecto está Francisco Vázquez, como simbolizan esas dos imágenes. La del cartel electoral del joven candidato socialista “por el pueblo” a la alcaldía de A Coruña en 1983, que conquistaría con el 60% de los votos. 

Su aspecto de entonces, joven tiburón engominado de mirada fija y determinada, ya permite entrever que tenía una carrera y unos cadáveres detrás: había sido secretario general del partido en Galicia, diputado en Cortes y en el Parlamento autonómico, del que dimitió para montar una manifestación contra el acuerdo de todos los partidos, incluido el suyo, de designar a Compostela como capital administrativa de la comunidad. 

Y al lado, 33 años más tarde, la imagen de su retrato recién colgado en la galería de primeros ediles del palacio municipal de María Pita.

Las dos imágenes reflejan algo más que el transcurso del tiempo (del tiempo hacia atrás, si comparamos las caracterizaciones), y no son siquiera el símbolo de la acomodación de las ideas al paso de los años y de las tentaciones. Normalmente las personas y las sociedades evolucionan. Sin embargo, en el caso de Paco Vázquez, todo estaba ya ahí.

 En los 23 años que gobernó desde ese edificio que ahora decora (dos mandatos más que Fraga, exactamente los mismos que Pujol y que Rita Barberá), Vázquez ha sido a la vez republicano (el que prestaba la bandera para los actos), el alcalde con uno de los callejeros más trufados de franquismo, y católico de los de toda la vida (férreo antiabortista, por ejemplo). 

Socialista de la rama guerrista, candidato del PP a Defensor del Pueblo y devoto del Imperio Británico en una pieza. 

Y furibundo antinacionalista y a la vez el primer secretario general del PSdG-PSOE que firmó un pacto global con el BNG para apoyarse en los ayuntamientos. Todo ello sin despeinarse. 

Un aleph político que todo lo contiene, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. "El alfa y el omega por quien solo el fin se convierte en principio y el fin de nuevo en el principio original sin ninguna interrupción", como expresó Clemente de Alejandría en su tercer libro (Stromata, IV, 25).

 Por eso, después de un cuarto de siglo de demiurgo local, es raro que haya escogido pasar a la historia, aunque sea en formato pinacoteca municipal, con los avíos de embajador en el Vaticano, un cargo à la Trillo que disfrutó apenas cinco años. 

Una hemorragia de dorados y recamados que, más que el alcalde “por el pueblo”, le hace parecer un generalote, o una imitación de los retratos de Goya de Fernando VII o del duque de San Carlos. Sin embargo, Francisco Vázquez, dijo el pintor, Rafael Cidoncha, quería ver su vida reflejada en la pintura. Y lo logró."                 (Xosé Manuel Pereiro, CTXT, 07/01/17)

6/2/17

La Autoridad Portuaria de A Coruña pretende vender a una inmobiliaria 25.000 metros cuadrados en la fachada marítima para afrontar los 300 millones de euros de deuda del puerto exterior.

"Juicio de la Gürtel. Bárcenas. Las tarjetas black. Los directivos (algunos) de NovaCaixaGalicia ingresan en prisión. Parece que, con la que está cayendo, en todas partes las operaciones presuntamente irregulares o claramente especulativas en España se seguirán produciendo, pero al menos con el mayor sigilo posible.

 ¿En todas partes?, ¡No! En el Finisterre, un organismo resiste férreamente a la imposición de la clandestinidad y la discreción en las maniobras público-privado. La Autoridad Portuaria de A Coruña pretende vender a una inmobiliaria 25.000 metros cuadrados de terreno público, situados en la fachada marítima de la ciudad, en la zona del casco antiguo, a un centenar de metros de donde viven Amancio Ortega o el exalcalde Francisco Vázquez.

El presidente del Puerto coruñés, Enrique Losada, había llegado la pasada primavera a un preacuerdo con el Ayuntamiento de cederle el terreno por el precio en el que la Autoridad Portuaria lo había tasado, 1,4 millones de euros. Sin embargo, hace poco trascendió que había negociado con la inmobiliaria Rio Mero su venta por 10 millones.

 Lo de Finisterre es algo más que un símbolo geográfico. En lo que el Puerto pretende vender está construido un hotel de cinco estrellas de ese nombre, y una sociedad deportiva privada, La Solana, en lo que fue una playa y una puerta de la antigua muralla de la ciudad, que se mantenía más o menos como se la encontró Drake en 1589, cuando intentó asaltarla. 

La puerta sigue, pero, en vez de dar al mar, da a unas pistas de tenis y a un aparcamiento. Desde luego, hoy sir Francis no reconocería el lugar. 

Como muchas otras cosas (mentalidades aparte), la raíz del asunto está en el franquismo. En el recién estrenado, en concreto. En febrero de 1941, Armando Casteleiro pidió y obtuvo permiso del Gobierno para construir una piscina en lo que era la playa de O Parrote, al lado de la dársena pesquera. 

Casteleiro había sido un pionero de la natación, pero también brigada de los Caballeros de La Coruña, una milicia armada compuesta por falangistas y miembros de Renovación Española, una de tantas “partidas de la porra” fascistas que en los meses previos del golpe militar calentaban en la banda. 

Debieron de ser esos méritos, más que los deportivos, los que engrasaron la burocracia de tal forma que once días después de la autorización gubernamental, estaba concedida la licencia municipal y al día siguiente se iniciaron las obras. 

Primero fue la piscina, y en 1945, en una nueva concesión-ampliación, el hotel, propiedad del Banco Pastor. En 1968, como seguía habiendo mar y mar y quedaba algo de playa, otra concesión y otro relleno.

Pero la razón declarada de la venta hay que buscarla en la historia reciente. Concretamente en el Prestige. En plena marea negra y sobre todo en plena marea Nunca Máis, el alcalde coruñés Francisco Vázquez acogió el Consejo de Ministros que Aznar quiso celebrar a modo de placebo en Galicia. 

Con la plaza de María Pita asediada por miles de manifestantes, Vázquez arrancó del presidente del Gobierno y del Consejo la promesa de estudiar la viabilidad de construir un puerto exterior. “Le dije que si no, dejaba entrar a los de Nunca Máis”, comentó después el alcalde, risueño, en una entrevista, aunque, según testigos presenciales, aquello fue más bien un choque de trenes: “Si no hay puerto, no hay consejo”.

El Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, la consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo y el gobierno local de Vázquez emitieron informes favorables. El puerto de Punta Langosteira efectivamente se construyó. Muy exterior, en la parte más expuesta de la costa y a ocho millas enfrente del puerto, también exterior, de Ferrol.

 Costó ¿700? (la interrogación no es retórica) millones de euros que iban a ser sufragados, entre otros ingresos, con los socorridos fondos europeos, y con 150 millones que se calculaba obtener de la venta para uso inmobiliario de gran parte del puerto antiguo. 400.000 metros cuadrados en pleno centro y – obviamente— en primera línea de costa. Y en esto estalló la burbuja inmobiliaria.

Hoy hay dos puertos, exterior e interior, pero el tráfico de mercancías no crece y la Autoridad Portuaria lleva cuatro ejercicios con pérdidas progresivas. Su presidente, Enrique Losada, justifica la maniobra de La Solana-Finisterre por 10 millones y la venta de los muelles urbanos de Batería y Calvo Sotelo, que estima le puede aportar 15 millones, como una operación necesaria para afrontar los 300 millones de euros de deuda del puerto exterior.

 Los críticos con la operación aducen que vender el patrimonio público para satisfacer la doceava parte de una deuda no sale muy a cuenta.  Si es una obra de interés público, es difícil de entender andar vendiendo las joyas de la familia, como un yonqui de alta cuna, mientras el Gobierno se gasta 5.000 millones en rescatar autopistas radiales de Madrid, sin necesidad de privatizar el Paseo de la Castellana.

De todas formas la Autoridad Portuaria no es que haya destacado como gestora económica. Le cobraba 97.000 euros al año a una sociedad (hasta 2014 propiedad del Banco Pastor y de Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ex director general de Inditex), que le alquilaba la concesión del hotel y sociedad deportiva a Inmobiliaria Rio Mero por millón y medio de euros. 

La concesión caduca en 2017, y en 2014 Rio Mero pagó 14 millones por disfrutar de ella hasta esa fecha. Pagar 10 millones por la propiedad de los terrenos es una auténtica ganga. Y todo gracias a una varita mágica en forma de rotulador rojo. 

En 2009, con un gobierno PSOE-BNG, la aprobación inicial del vigente Plan General de Urbanismo definía los terrenos como suelo dotacional público. Tres años después, en la aprobación definitiva, con la única mayoría absoluta que tuvo el PP en A Coruña, la calificación se convirtió en dotacional privada simplemente usando el rotulador para tachar “público” y poner “privado”.

 30 entidades cívicas y culturales, además de una Comisión Aberta para a Defensa do Común constituida ad hoc, han demandado que se paralice la subasta que le daría la propiedad a la inmobiliaria y que se devuelvan los terrenos de forma gratuita. Los representantes del PP en el consejo de la Autoridad Portuaria votaron en su día a favor de realizar la subasta.

 Ahora, en el último pleno municipal, el grupo popular –incluido el concejal responsable del rotulador— se unió a los demás (Marea, PSOE, BNG) a favor de mantener la titularidad pública de los terrenos. Toda la sociedad civil asume que… ¿Toda? ¡No! La Autoridad Portuaria está ocupada por un irreductible presidente que se resiste a cualquier intento remunicipalizador. Nadie apuesta que vaya a ser por mucho tiempo. "                       (Xosé Manuel Pereiro, CTXT, 28/01/17)