José Luis Baltar llegando al juzgado / EFE
"El expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar se
defenderá de la acusación de enchufismo —un delito de prevaricación que
le imputa el juez instructor de la causa abierta contra él a instancias
del PSdeG y del Ministerio Fiscal— presentando al juicio en el que
comparecerá como acusado una larga lista de testigos denunciados
igualmente como enchufados por la oposición en el organismo provincial.
Los letrados que asisten a Baltar basarán su defensa en el testimonio de
los 14 alcaldes de la provincia —-una gran parte de ellos con hijos o
parientes directos colocados en la institución provincial— que en el
entorno del congreso provincial del PP que ganó su hijo le “reclamaron”,
según sostiene él y negaron buena parte de ellos en la fase de
instrucción, 104 empleados que no tuvo reparo en contratar a dedo, sin
convocar concurso público.
Junto a los alcaldes, la defensa del cacique
ourensano cita como testigos a los presidentes de tres mancomunidades
dirigidas también por el PP y a los siete enchufados a los que el juez
Leonardo Álvarez citó aleatoriamente a declarar en la fase de
instrucción antes de concluir que Baltar colocó en la Diputación “a
quien le vino en gana”. (...)
La defensa de Baltar insiste en cargar sobre los técnicos de la
institución provincial —también en su mayoría hijos de destacados cargos
del PP— la responsabilidad que el juez instructor, el fiscal y la
acusación particular le imputan a él. Según consta en el escrito de
defensa, en aquel primer trimestre de 2010 el ahora retirado José Luis
Baltar no tuvo más remedio que colocar en la Diputación a un centenar de
personas afines.
El expresidente “hubo de resolver las constantes y
reiteradas demandas de personal procedentes de los distintos servicios
del propio organismo, así como dar cobertura a las diferentes peticiones
que, bien desde los ayuntamientos de la provincia, bien desde los entes
autónomos del mencionado organismo, interesaban de forma urgente la
contratación de personal laboral”.
Para cumplir con esa “urgencia”, el cacique firmó, sostienen sus
abogados, los decretos “prerredactados por los servicios de la
Diputación” y “tramitados por el departamento de Recursos Humanos” de la
misma institución. Precisa la defensa de Baltar que el secretario de la
institución, Francisco Cacharro Gosende, “avaló la adecuación de la
decisión a la norma”.
Reconociendo que los contratos se hicieron a dedo, los letrados del
expresidente ourensano cargan la responsabilidad sobre “los
correspondientes servicios de la institución”. Sostiene la defensa de
Baltar que este “no tenía la obligación de controlar o supervisar la
adecuada tramitación al estar confiada esta labor a los propios
servicios administrativos” de la Diputación que él presidía.
De esta
forma, trasladan la responsabilidad de la contratación de forma
arbitraria y caprichosa que le imputa el juez instructor. “Amén de
ignorar el trámite”, el exbarón del PP gallego “tampoco tenía la
obligación de supervisar la adecuada tramitación”, sostiene su defensa.(...)" (El País, 12/10/2013)
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