23/9/16

TVG: aparece Feijóo criticando al resto de partidos, mientras que de los demás candidatos siempre se eligen frases que no afecten al PP, a poder ser enfrentamientos directos entre ellos

"El pasado mes de junio, un grupo de trabajadores de Televisión de Galicia irrumpía en la redacción y en el despacho de la directora de Informativos en protesta por el tratamiento dado a las escuchas al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.

 “Se ofreció la versión del Gobierno antes que la propia noticia. No hubo declaraciones de la oposición, solo valoraciones del PP”, denuncia uno de los manifestantes. El caso ilustra el clima de crispación que se respira en los pasillos de la televisión autonómica gallega, un ente que afronta un lento proceso de transformación que no ha afectado a su fama de progubernamental, que se mantiene constante desde hace décadas.

El reciente debate entre los candidatos a las elecciones del 25 de septiembre permitió que en TVG se colase el discurso contra la gestión de la Xunta. No es habitual. “Estos días, en la cobertura de la campaña, la tónica es que aparezca Feijóo criticando al resto de partidos, mientras que de los demás candidatos siempre se eligen frases que no afecten al PP ni a su candidato, a poder ser enfrentamientos directos entre ellos”, afirma un miembro del equipo de uno de esos aspirantes. 

Es la tradición en un canal que no se libró de las acusaciones de manipulación ni en el paréntesis del bipartito de socialistas y nacionalistas que gobernó Galicia entre 2005 y 2009, cuando los socios de gobierno pugnaron por el control del ente.

Creada en 1985 con el objetivo de normalizar el uso del idioma gallego y promover la cultura de Galicia, la antigua Compañía de Radio-Televisión de Galicia, transformada el pasado 1 de enero en corporación mercantil, llegó a contar con presupuestos superiores a los 140 millones de euros anuales, pero los recortes han reducido su gasto a 102,4 millones, de los que 90 millones corresponden a transferencias directas de la Xunta.

 Su plantilla asciende a 800 trabajadores, con un gasto de personal superior a los 47 millones de euros. Y aunque no es la más endeudada de las televisiones autonómicas, el último informe de la Intervención General de la Xunta denunció que se encuentra en una situación de “asfixia financiera sintomática de una suspensión de pagos”.

Control político, derroche... y menos audiencia

La gallega, como se la conoce en Galicia, ha ocupado desde siempre un lugar central en el debate político, tanto por las denuncias de control político como por su gestión económica. “Pero al menos antes se veía”, lamenta el presidente del comité intercentros, Santiago Alvite. “Los recortes se han traducido en una pérdida radical de calidad que la han hecho pasar del segundo al cuarto puesto entre las más vistas en Galicia, y lo que es peor, cada vez hay más gente que no la sintoniza nunca”.

Cuando llegó a la Xunta, el presidente Feijóo se marcó como uno de sus objetivos transformar la televisión. Para ello, pactó en el Parlamento con los socialistas la Ley de Medios Públicos, aprobada en noviembre de 2011, que convertiría a la compañía en una corporación sociedad mercantil independiente del poder. 

Pero, transcurridos casi cinco años, la reforma se ha ejecutado solo parcialmente. El difícil acuerdo entre los grupos para reducir de 12 a seis los miembros del consejo de administración retrasó las principales novedades incluidas en la norma legal, muchas de ellas aún sin aplicar. Por ejemplo, la que hace referencia al nombramiento por consenso de su director general, lo que mantiene en el cargo a Alfonso Sánchez Izquierdo, de polémica designación.

Feijóo apostó por Izquierdo al poco de ganar sus primeras elecciones. Y a pesar de que en campaña electoral había hecho bandera de un sistema de designación parlamentario y por consenso, en lugar de por decisión del Gobierno gallego, optó por el exdirector del periódico 'La Región', por aquel entonces muy afín al PP, sin el acuerdo de ningún grupo. 

O, mejor dicho, sin que ningún otro partido asumiese públicamente tal acuerdo, ya que Feijóo atribuyó a los socialistas un apoyo inicial a ese nombramiento que estos siempre negaron. Izquierdo llegaba para un periodo de interinidad, para que después la ley blindase un sistema de elección parlamentario por dos tercios de la Cámara en primera votación o tres quintos en la segunda.

Siete años después de su nombramiento, Sánchez Izquierdo sigue en su cargo y las elecciones se suceden sin que se aplique el sistema de designación por el Parlamento, clave para garantizar la independencia de TVG. 

Y para solucionar el limbo legal de la larga interinidad de su director general, la Xunta aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016 para eliminar la exigencia del nombramiento por consenso, para así “asegurar el funcionamiento de la nueva corporación RTVG”. De esta manera, la nueva estructura del ente se despliega mientas la dirección recae “transitoriamente en la persona que sea titular de la dirección general de la compañía”.

1,2 millones de euros en dietas del consejo

Esa nueva estructura se puso en marcha, no sin polémica, el 1 de enero de 2016. Fue cuando se produjo la transformación de la naturaleza jurídica de TVG y cuando se puso fin a uno de los casos más graves de derroche de fondos públicos que ha conocido la autonomía en los últimos años: los desorbitados emolumentos de los miembros del consejo de administración, que venían engordando con dietas por asistir a actos de todo tipo, desde funerales a partidos de fútbol, por las que se repartieron hasta 1,2 millones de euros en un solo año.

Uno de esos consejeros, José Luis Iravedra, expresidente del PP de Lugo, llegó a cobrar en 2005 más de medio millón de euros, tras pasar 199 dietas por asistencia a actos como el Día del Aguardiente o el pregón navideño de los belenistas de Lugo. Se supo en 2009, pero Iravedra se mantuvo como consejero hasta el pasado 1 de enero, todavía con ingresos superiores a los 70.000 euros anuales.
Además de reducir el número de sus miembros a la mitad, el nuevo consejo ha limitado a 52.000 euros anuales los emolumentos por consejero, lo que ha aliviado el coste económico de la nueva corporación. Un acuerdo entre populares y socialistas, muy criticado por el resto de partidos, estableció una representación de cuatro consejeros designados por el PP y dos por el PSdeG, lo que garantiza a los populares cinco años de mayoría en el consejo, incluso en el caso de que pierdan las elecciones autonómicas del 25-S.

Más lentamente avanzan las reformas relacionadas con la independencia informativa. Además de la aplicación del nuevo sistema de nombramiento del director, todavía está pendiente el Estatuto Profesional, previsto por la ley como instrumento para fortalecer “la calidad, profesionalidad e independencia” de los contenidos. Lo mismo ocurre con el Consejo de Informativos, órgano interno de participación de los profesionales de la información para velar por la “independencia y objetividad” de la televisión y la radio.
Es en ese contexto en donde se producen protestas como la relacionada con las informaciones sobre Fernández Díaz, o la creación de un blog por los propios profesionales de TVG llamado 'eunonmanipulo' (yo no manipulo), en el que van denunciando las prácticas concretas de manipulación informativa que, según denuncian, se suceden en su labor diaria. “La manipulación siempre existió, pero la proliferación de casos de corrupción en el PP ha hecho que la situación sea insostenible”, denuncia uno de los periodistas que están detrás del blog.

Los papeles de Bárcenas

“Un caso muy ilustrativo fue el de la publicación de los papeles de Bárcenas. El presentador del telediario remitió inmediatamente a una noticia de la web 'Periodista digital' para sostener que la hipótesis que maneja la policía es la de que los papeles eran falsos”, recuerda el mismo periodista de TVG.

 Un informe del PSdeG presentado en 2010 cifraba en un 80% el protagonismo de Feijóo en las noticias políticas emitidas en la televisión, y en 2013, el 60% de la plantilla de la radio y la televisión, un total de 345 trabajadores, suscribían con sus firmas la denuncia de manipulación.
Los recelos entre la dirección de TVG y sus trabajadores llegó a tal extremo que la dirección de la corporación emprendió el control del correo electrónico de los empleados e incluso se atribuyó el derecho a monitorizar las sesiones de acceso a internet, con una norma de usos informáticos que fue posteriormente tumbada por el Tribunal Superior de Galicia.

Y respecto a las acusaciones de manipulación, el director de la televisión tira de números para concluir. “Con una proporcionalidad estricta, la oposición tendría menos presencia”.                   (El Confidencial, 21/09/16)

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